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La veneración del principio de legalidad. Ignacio GORDILLO e Irene VILLA, Memorias de un Fiscal

He leído con atención las memorias de Ignacio GORDILLO, redactadas por la periodista Irene VILLA. Las leo con cierto retraso (el libro es de 2011 y lo he comprado en 2017). El efecto que se produce es que, si en 2011 podría considerarse un libro de actualidad y un manifiesto contra los efectos de la política de Zapatero en relación con ETA, hoy el sabor es un poco distinto, porque el tiempo permite discernir de otra manera los argumentos.

Es básicamente una relación de sumarios. Salvo la parte primera, en la que las vivencias del autor son la cuestión, todo el resto del libro está documentado con la certidumbre de quien opera a base de Sentencias firmes y recortes periodísticos, tratando el pasado con rigor y exquisitez. Por tanto además de ante unas memorias, estamos ante una relación muy exacta de muchos hechos delictivos que se han producido durante décadas. 

Lo que yo deduzco del libro de GORDILLO es que estamos ante un adalid del principio «fiat Iustitia, pereat mundus». Él dice que la ley es igual para todos, pero lo que no señala es que esto no es así en todos los países. Son muchos los ordenamientos penales en los que la justicia criminal depende hasta sus últimas consecuencias de la existencia de una acusación que se ejercita en términos del llamado «principio de oportunidad». El caso paradigmático son muchos de los Estados Unidos de América, y nadie dirá que no se trata de una nación democrática. El principio de oportunidad consiste en que si el afectado o el Fiscal no formulan acusación, puede que haya habido delito, pero no se persigue. No se investiga. Y además el Fiscal en cuestión está sujeto al principio de obediencia a sus superiores, con lo que la oportunidad personal de la víctima, el ejercicio de la acción popular y la intervención de un Fiscal elegido por la gente con un equipo a sus órdenes y sin ninguna independencia, determinan un sistema de justicia penal que en la práctica es muy distinto al que existe en España. 

GORDILLO no lo dice, pero da claramente a entender que en sus tiempos -GORDILLO dejó la Fiscalía en 2010- el principio de legalidad estaba muy matizado por la existencia de una pasividad controlada, no sólo de los Fiscales sino también de los Jueces de instrucción. Es decir: el principio de oportunidad aparece en la medida en que el principio de legalidad viene acompañado del celo profesional del funcionario. Un celo que en su caso era más que relevante porque él mismo afirma en diversas partes del libro que el caso del secuestro de Segundo Marey se reinició por una denuncia que puso él mismo. Ese celo es el «leit motiv» inconsciente de todo lo que está escrito. La necesidad de que siempre y en todo caso «el que la hace que la pague», lo que GORDILLO formula como «la ley ante todo» o «la ley es igual para todos». A GORDILLO ni se le pasa por la cabeza la posible implantación del principio de oportunidad o su mitigación de cualquiera de las maneras posibles. Es perfectamente legítimo lo que dice. Es más: en España es lo que dice la ley. Lo curioso es cómo opera de hecho ese principio en las fiscalías y en los juzgados, incluída la Audiencia Nacional. 

Con algunas personas es admirativo. Según el autor la quintaesencia de lo que debe ser un juez es Gómez de Liaño y de lo que debe ser un Fiscal, Eduardo Fungairiño, que prologa el libro y Dolores Márquez de Prado. 

Con otros es totalmente indulgente. Por ejemplo, con el ex-juez Garzón, respecto del que se perciben roces y tiranteces, pero no hay ninguna crítica. El autor del libro sabrá por qué. También es de una indulgencia que llama la atención con los indultos. No critica ninguno. ¿Y por qué? Porque «son la ley». El indulto es la quintaesencia del principio de oportunidad, pero aplicado, no a la acusación penal, sino a la ejecución penal. Pero como la ley ampara los indultos aun cuando sean exagerados, GORDILLO, que venera la ley, no sus resultados, no critica ninguno. 

Con González es cruel. Del ex-Presidente del Gobierno, no se olvida. No porque le tenga animadversión, que no se percibe, sino por causa de su venerado «principio de legalidad», que es lo que inspira todo el libro. En la página 219 GORDILLO llega a decir, sólo con base en unas declaraciones periodísticas de González, que «las palabras del expresidente del Gobierno explican con toda claridad lo que todos pensábamos desde hacía muchos años, aunque quizás un poco tarde. Ya no existía ninguna duda de quién era el señor X». En mi opinión estas palabras de GORDILLO son la quintaesencia de lo que refleja en su libro: su amargura por no haber podido hacer un uso a palo seco del principio de legalidad. No se olvida tampoco GORDILLO de señalar en la página 217 que «en 1995 el caso [del secuestro de Segundo Marey] pasó al Tribunal Supremo y en noviembre de 1996 la Sala Segunda del Supremo acordaría, por seis votos contra cuatro, no citar como imputado en el proceso a Felipe González». Es eso: que a unos se les procesó y a otros no. Eso es lo que le molesta. De los indultos posteriores a las condenas nada dice. 

No recomiendo la lectura del libro, salvo a quienes tengan interés por la historia del terrorismo en España. Creo que el libro ha tenido sólo una edición en todos estos años y eso sólo puede ser porque no es muy bueno. Pero sí es muy ilustrativo de cómo funciona la Fiscalía, de cómo ha funcionado la Audiencia Nacional durante muchos años, y de qué cabe esperar de la justicia penal. 

Acerca de Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral

Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral está casado y tiene cuatro hijos. Se licenció en Derecho (Universidad de Santiago de Compostela, 1981) y en Sagrada Teología (Universidad de Navarra, 1984) y más tarde obtuvo el grado de Doctor en Sagrada Teología (Universidad de Navarra, 1985) y en Derecho (Universidad de Navarra, 1986). En 1989 ganó las oposiciones de Abogado del Estado y de Letrado del Consejo de Estado. Desde 1993 se dedica a la abogacía de negocios. Es Académico correspondiente de Jurisprudencia y Legislación desde 1991. Es Letrado Mayor del Consejo de Estado desde 2009. Ha fundado la red COELLO DE PORTUGAL ABOGADOS. Escribió en el diario económico EXPANSIÓN desde 1991 hasta 2011.

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